Tal como se recoge al comienzo de la exposición de motivos de la Ley 19/2013 de, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y participativa.
Existen distintas organizaciones nacionales e internacionales que evalúan el grado de aplicación de los principios de transparencia y buen gobierno por parte de las distintas administraciones públicas.
Entre ellas Transparencia Internacional es una organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congregando para ello en una vasta coalición global a la sociedad civil, al sector privado y la los distintos gobiernos, entendiendo que la principal herramienta en la lucha contra la corrupción es la información, buscando fundamentalmente no la denuncia de casos individuales, sino que por el contrario orienta sus esfuerzos a una perspectiva de logros sustentables en el largo plazo, privilegiando la prevención y la reforma de los sistemas.
En el ámbito de las Administraciones Públicas, y en concreto en el de las Entidades Locales, esta Organización elabora desde 2008 un Índice de Transparencia de los Ayuntamientos y desde 2012 un Índice de Transparencia de las Diputaciones Provinciales, dirigidos a medir el nivel de transparencia de las correspondientes instituciones públicas, y ello a través de la evaluación de los datos y la información que hacen pública en su página web en relación con los ochenta indicadores agrupados en diferentes áreas y que van ajustándose periódicamente.
La Diputación Provincial de Albacete consciente de la importancia de la transparencia de las administraciones públicas incorpora este apartado en su página web para facilitar el acceso a la información sobre los mencionados indicadores, cumpliendo igualmente con las exigencias determinadas por el artículo 5.4 de la citada Ley 18/2013 que establece la obligación de que la información sujeta a las obligaciones de transparencia se publique en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos re-utilizables.
En este apartado se evalúa por una parte el nivel de información institucional, los cargos electos, la organización provincial y el nivel de comunicación institucional, así como enlaces a las normas y reglamentaciones provinciales vigentes así como información sobre las sesiones plenarias y de la junta de gobierno en los términos expuestos en el tablón de anuncios de la Corporación (actas en extracto y los correspondientes órdenes del día).
Este apartado se incorporan enlaces a los trámites administrativos en línea y al seguimiento de los mismos, así como información significativa en materia de ayudas y subvenciones.
Contiene los enlaces a la información económica financiera de la Corporación. Se incluye la información contable y presupuestaria del ciclo presupuestario completo: aprobación, ejecución, liquidación y cuenta general. En cuanto a los ingresos y gastos se incluyen indicadores significativos y los estudios de costes de los servicios provinciales. Respecto al endeudamiento, se hacen públicas la totalidad de deuda financiera y su evolución.
Se evalúan los aspectos relativos a las relaciones y operaciones de la Corporación con sus proveedores y una serie de cuestiones referentes a los procedimientos, cuantías y otros aspectos de los contratos que celebra la Diputación Provincial, todo ello en el marco del Perfil del Contratante.
Reúne una serie de indicadores que valoran el grado de transparencia de aspectos tan importantes como el Plan de Obras y Servicios, la asistencia y cooperación jurídica y técnica con los municipios así como la de carácter técnico que se presta en materia tales como el urbanismo y la informática. Contempla también una serie de cuestiones en relación con la gestión tributaria.
En este área de nueva inclusión que, en orden a valorar la consecución de los objetivos que la Ley de Transparencia persigue, evalúa la información proporcionada en relación con la planificación anual y plurianual y determinados aspectos organizativos de la Corporación, así como la publicada respecto a los contratos y convenios suscritos y a las subvenciones concedidas, además de una serie de datos sobre los cargos de la Diputación y sus entidades dependientes y determinada información de carácter económico y presupuestario.
Si bien para mantener la homogeneidad y comparabilidad de las evaluaciones esta Diputación ha venido manteniendo la estructura del índice IDIP de la organización Transparencia Internacional, de han incorporado enlaces a otras evaluaciones de entidades externas que con diferentes metodologías evaluar las calidad de las acciones de transparencia de nuestra diputación tales como la Universidad rey Juan Carlos de Madrid o DYNTRA índice dinámico creado por una comunidad abierta formada por investigadores y actores sociales. Estas evaluaciones nos estimulan en alcanzar el objetivo de una mayor trnasparencia al servicio de la ciudadanía y como elemento básico de una mayor calidad democrática.