La estatalización contribuyó decisivamente a acelerar la puesta en producción de las Fábricas. Su sistema comercial estuvo basado en un régimen de monopolio. El hecho de ser la única fábrica de latón existente en España, la concesión de numerosas franquicias sobre la importación del latón y cinc y execciones fiscales para proteger su producción de la competencia extranjera, otorgaron a esta empresa una posición privilegiada.

En la década de 1790 la Fábricas de Alcaraz tenían una plantilla de un centenar de trabajadores, la mayoría de ellos españoles, aunque los puestos de responsabilidad seguían desempeñados por técnicos extranjeros.

Durante la Guerra de la Independencia, la Junta Suprema de la provincia de La Mancha, huyendo de los franceses, tuvo que retirarse de Ciudad Real a los abruptos parajes de la serranía alcaraceña, alojándose espléndidamente y en seguridad en las Fábricas de San Juan, hoy Riópar.

Pero los acontecimientos de 1808 la volvieron a dejar en precaria situación, y así continuó hasta que el 31 de diciembre de 1828 fue cedida a doña Josefa Fernández de Folgueiras.