| El Ayuntamiento de Alcaraz era el socio
capitalista y Graubner el socio agente, actuando como
director y gerente. El estado, a través del Consejo de
Castilla, se reservaba el papel de supervisor y
fiscalizador. En 1777 comenzaron una serie de conflictos
entre el Ayuntamiento de Alcaraz y Graubner, teniendo que
mediar constantemente el Consejo de Castilla y haciendo
peligrar la subsistencia de los obreros, que pasaban
meses sin cobrar sus sueldos.
De
comienzos de 1770 a mediados de 1782 las Fábricas de San
Juan de Alcaraz van a conocer la época de mayor
actividad de toda la década en la que estuvieron bajo la
dependencia del Consejo de Castilla; por primera vez
dispusieron de una fuente de ingresos suficiente y de una
administración financiera más racional y sometida a un
control riguroso por parte del Consejo. Se concluyeron
las obras de instalación.
Durante
los años 1782 y 1785 estalla la crisis definitiva de la
empresa mixta. El punto de partida y el factor más
importante fue la epidemia de tercianas que llegó a un
nivel de mortalidad sin precedentes. Otro factor fue la
falta de dinero al suspenderse la subvención concedida
desde 1779 a 1783. Durante 1783 y 1784 surgieron varias
iniciativas para intentar sacar a las Fábricas de la
crisis, pero fracasaron.
Aunque al
final de su existencia (1995), las Fábricas estaban
ubicadas en un edificio de tres plantas, y se situaba en
el casco urbano de Riópar, anteriormente llamado
Fábricas de San Juan de Alcaraz o Fábricas de Riópar,
en 1784 se encontraban diseminadas en distintos puntos
del valle, al SO. de la villa de Riópar, hoy llamado
Riópar viejo.
A
instancias del secretario de Hacienda de Múzquez, el
gobernador interino del Consejo de Castilla, conde de
Campomanes, propone un plan de saneamiento en el que
estimaba imprescindible la intervención y el apoyo del
Estado. En su "Reglamento provisional"
declaraba explícitamente dos objetivos principales:
establecer en la Fábricas un sistema de administración
sencillo y eficaz y reducir al máximo los gastos
superfluos.
El 14 de
Agosto de 1785, una real orden colocaba a la fábrica de
Alcaraz bajo dependencia de la Secretaría de Hacienda,
con expresa inhibición del Consejo de Castilla y de
cualquier otro organismo. Las Fábricas de Alcaraz
dejaron de ser una empresa mixta para empezar a
transformarse en una empresa pública.
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