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Vista aérea Diputación.
 Fotografía  Santiago Vico.

            Las Diputaciones Provinciales nacen con la Constitución de 1812 como instituciones con atribuciones económico-administrativas, siendo sus cometidos más importantes el reparto de impuestos y el fomento de la riqueza de la provincia.  Durante el reinado de Isabel II, el 6 de noviembre de 1835, se constituye la Junta Preparatoria encargada del examen de las credenciales de los diputados electos por la provincia de Albacete, que habían de constituir la Diputación Provincial de Albacete, y el día 8 del mismo mes se instaló la Diputación Provincial en la sesión celebrada en esta fecha bajo la presidencia del Gobernador Civil, D. Jorge Gisbert, en la Iglesia del suprimido Convento de San Agustín.

            La Diputación carecía de un edificio propio por lo que celebraba sus reuniones en el Ayuntamiento hasta que, a requerimiento del alcalde, hubo de abandonarlas en noviembre de este mismo año pasando a la calle Mayor, 42, como centro de reunión.

            A principios de 1838, ante la amenaza de la guerra carlista, la Diputación se refugia en la fortaleza de Chinchilla, volviendo en noviembre de ese mismo año. Se disuelve en junio de 1839 debido, en parte, a la crisis provocada por la plaga de langosta. Mientras tanto continuó funcionando la Comisión de Despacho.

            La institución provincial a lo largo del XIX experimenta una evolución: cuando el Gobierno se encuentra en manos de los moderados, la administración en la provincia estaba controlada en mayor medida por el jefe político y la Diputación pasa a ser un órgano consultivo; sin embargo, si el poder lo ejercen los progresistas, existe una mayor descentralización y, aun existiendo el control del gobernador, la Diputación asume más competencias.

            Así, la Diputación, bajo el régimen liberal desarrolla las siguientes competencias: beneficencia, instrucción pública, construcción y conservación de caminos vecinales y obras públicas, el fomento de iniciativas para el desarrollo de la agricultura, ganadería, industria y comercio. En 1842 se crea el Instituto de Segunda Enseñanza y la Escuela Normal de Magisterio.

            Durante la década moderada (1844-1854) merece destacar la reforma contenida en la Ley del 8 de enero de 1845. Es un período de fuerte centralización, en el que el jefe político ejerce un gran poder en detrimento de las diputaciones, que se convierten en órganos simplemente consultivos. Los ingresos de la Diputación proceden fundamentalmente de los repartos que se hacen a los pueblos. La actividad de la Diputación se centra en tres puntos: quintas, recaudación y presupuestos. Destaca la creación de la Casa de Maternidad.

            El bienio progresista (1854-1856) se caracteriza por ser la etapa de mayor descentralización, pues a las Diputaciones se les reconoce carácter ejecutivo. Sin embargo, a partir de 1856, vuelve el moderantismo, y con él, la Ley de 1845. En materia de beneficencia merece señalar la creación de la Casa de Misericordia, que adquiere carácter provincial en 1862. Lo mismo ocurre con el Hospital Provincial de San Julián, a partir de 1863. Por otro lado se inaugura la Escuela Normal de Maestras (1862) y se crea la Guardia Rural (1863).

            El sexenio revolucionario (1868-1874) tiene como efecto inicial la extinción de la Diputación, que fue sustituida por la Junta Revolucionaria Provincial hasta el 18 de octubre, en que vuelve a constituirse. Hay que mencionar la Ley Provincial de 20 de agosto de 1870, que manifiesta el triunfo de la descentralización administrativa. La Diputación acentúa su carácter representativo. Aparece  la Comisión Provincial como un órgano en funciones permanentes.

            El funcionamiento de la Diputación Provincial durante la Restauración (1875-1902) se encuentra regulado en la Ley de 16 de diciembre de 1876, que se presenta como una reforma de la de 1870, inclinándose de nuevo a la centralización y tratando de reducir las atribuciones de las Corporaciones en favor del poder central. A la Comisión Provincial se le suprimen las funciones de control que realizaba sobre los Ayuntamientos, pero adquiere funciones contencioso-administrativas. Poco antes de finalizar este período aparece una nueva Ley Provincial, de 29 de agosto de 1882, que tuvo una larga vida, pues estuvo en vigor hasta la dictadura de Primo de Rivera y responde a un espíritu transaccional. Introduce importantes novedades en la composición de la Diputación. El sufragio no llega a ser universal, pero adquiere mayor amplitud. También se modifica la Comisión Provincial, que pierde sus funciones contencioso-administrativas. Las Diputaciones se estructuran como superiores jerárquicos de los Ayuntamientos, revisando sus acuerdos, inspeccionando sus cuentas.... En cuanto a los gastos de la Diputación, es importante destacar que el 50% se emplea en beneficencia. En esta época se lleva a cabo la construcción del Palacio de la Diputación.

            Durante el reinado de Alfonso XIII el Gobierno reconoce la necesidad de introducir algunos cambios en los presupuestos de la Diputación. Para ello el Ministro de Hacienda, Cambó, inició una reforma, planteando la conveniencia de sustituir el contingente provincial por otros recursos, como los procedentes de la cesión de una parte de contribuciones del Estado, y la creación de arbitrios propios. Estos planteamientos fueron asumidos posteriormente en el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo. Se construye un nuevo hospital y una estación de agricultura. El gobierno decreta un plan de caminos vecinales.

            Durante la Dictadura (1923-1930) se publica el Estatuto Provincial de 1925, que supone un cambio en la hacienda provincial: sustitución del contingente por un porcentaje de las contribuciones de la nación como única forma de sanear la hacienda. Además el Estatuto traspasa la responsabilidad de los caminos vecinales a la Diputación. En este aspecto se avanza mucho. Se instala el Museo Provincial en el segundo piso de la Diputación, y se crea la Biblioteca Popular.

            La proclamación de la República (1931-1936) trajo como consecuencia que el Gobernador Civil de cada provincia nombrara una Comisión Gestora para hacerse cargo de forma interina de la administración de las respectivas diputaciones. Se refuerza así el papel centralizador del Gobierno. Es un período de crisis económica y social, con un nivel de paro elevado en la provincia, por lo que la Diputación intenta remediar esta situación llevando a cabo diferentes obras públicas. Por primera vez en Albacete se crea un Comité de defensa de riegos. Sus peticiones quedaron recogidas en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas.

            Durante la guerra civil (1936-1939) aparecen los comités locales, que asumen muchas de las atribuciones propias de la Diputación. A fines de 1936 la comisión gestora se disuelve, y aparece en su lugar, el Consejo Provincial (1937), que se considera como una diputación extraordinaria de guerra con ciertas competencias, aunque menos de las que ya tenía la comisión gestora. El consejo estaba presidido por el gobernador de la provincia. Sin embargo, dicho consejo se ve obligado, por la mala situación económica, a ceder al Estado la mayoría de sus establecimientos benéficos, así como determinadas funciones. Por otra parte, mediante decreto, se procede a la designación de una Comisión Permanente que asume funciones muy concretas. Al final de la guerra, mientras el general Franco negociaba una paz de compromiso, se deshace el Consejo.

            Durante el período franquista, hasta 1949, la Diputación funciona en forma de comisión gestora, que estaba dividida en tres secciones: asuntos económicos, construcciones civiles y obras de todas clases, y beneficencia provincial y organización del personal facultativo.

            Después de esta fecha comienza la fase de la diputación corporativa (1949-1959). La Ley de 1945 decía que la Diputación estaría integrada por un representante de cada partido judicial. Se establecían dos clases de diputados: los municipales, elegidos entre distintos alcaldes o concejales de los pueblos que forman cada partido judicial, y los representantes de las corporaciones y entidades económicas, culturales y profesionales radicantes en la provincia, elegidos también por compromisarios de entre una relación de nombres propuesta por el propio gobernador civil.

            La reforma económica de 1953 trae como consecuencia un importante aumento de recursos de las diputaciones, por lo que dichas corporaciones pueden desarrollar una intensa actividad.

            También es importante el texto refundido de la Ley de Régimen Local de 1955 de la que merece destacarse la posición del gobernador civil que controlaba la gestión provincial. Además se determinan las competencias de la Diputación, y también se crea la Comisión de Servicios Técnicos (ya se contemplaba en la Ley de Bases de 1945) que debía de ser el nexo de unión entre la administración periférica del Estado y la administración local. Pero en realidad lo que se va a producir es una duplicidad de funciones. En cuanto a las fuentes de ingresos se vuelve a aplicar el arbitrio sobre la riqueza provincial y se revisan las tarifas de arbitrios extraordinarios, lo cual redunda en una mejora de la hacienda.

            La Ley de Reforma de las Haciendas Locales de 24 de noviembre de 1962 significa la independencia tributaria de las entidades locales , pues a partir de ese momento, el aporte fundamental procederá de las asignaciones del Estado.

            Hay que citar como fuente financiera esencial a nivel provincial y municipal el Banco de Crédito Local.

            La Diputación inicia el Plan Albacete, que iba destinado a impulsar el desarrollo económico de toda la provincia. Merece destacar, en cuanto a infraestructuras y servicios municipales, los planes bienales de cooperación, en los que la Diputación ofrece ayuda para realizar obras como caminos, abastecimiento de aguas....

            En el aspecto cultural tiene lugar la creación de la Casa de la Cultura, y la gestión de servicios propios como el Conservatorio, Museo Arqueológico, Archivo Histórico (hasta 1967) y Biblioteca.

            La Constitución de 1978 enmarca definitivamente a las diputaciones como instituciones encargadas del gobierno y la administración de la provincia. En la primera corporación democrática (1979-1983) existe un cambio de actitud, adaptando el presupuesto a las necesidades provinciales. Así se generan presupuestos de inversiones mediante emisiones de deuda pública. Los Planes Provinciales y Comarcales consiguen dotar a los pueblos de una infraestructura básica.

            Por otro lado se pasa del concepto de beneficencia al de servicios sociales. Así en 1981 se diseñan los primeros planes provinciales en servicios sociales.

            A partir de 1983 se lleva a cabo el programa Cultural Albacete. Se consolidan la UNED y el Instituto de Estudios Albacetenses. En materia de sanidad, tiene lugar la cesión del Hospital de San Julián al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

            Se crea el SAPEAL (Sociedad Anónima de Progreso Empresarial de Albacete). Es importante, por otro lado, la Asistencia Técnica a Municipios, que cumple la función de asesoramiento técnico general. En 1981 se crean los Servicios Agropecuarios de la Diputación, antecedentes del ITAP.  La propuesta de creación de los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) se realizó el 18 de octubre de 1979.

            Durante la segunda corporación democrática (1983-1987) los nuevos servicios de la Diputación se consolidan. Una característica de esta etapa es la colaboración interinstitucional: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de la capital, y la Caja de Ahorros Provincial de Albacete.

            En 1985 comienza a operar el Servicio Provincial de Recaudación. Se perfecciona la red informática provincial. Destaca el desarrollo de las Universidades Populares. Se construye el Centro de Atención a la Salud y se terminan las obras del Centro Asistencial San Vicente de Paúl. También en este mismo año tiene lugar la creación de la feria agropecuaria EXPOVICAMAN. En 1986 aparece el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP). La Diputación ha asumido, junto al Ayuntamiento, la Caja de Albacete y la Junta, el papel de aliado en el desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

            El futuro de la diputación pasa por la coordinación profunda de sus actuaciones con el marco más general y estratégico del ámbito regional.