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Grupo de albaceteños en la calle Marqués de Molins.  El tercero por la derecha es D. Tomás Pérez Linares, médico y gobernador civil de la provincia. (Mateos Arcángel, 61)

 

Jefes Políticos y Gobernadores Civiles

Antecedentes históricos.- A lo largo de la historia siempre ha existido el problema de la centralización del Poder y la delegación inevitable de sus distintas funciones. Desde la Edad Media los monarcas crean figuras que guardan cierta semejanza con los llamados gobernadores civiles. Así podemos nombrar a los Cónsules, como representantes del poder del Rey, con funciones políticas y militares. Al mismo tiempo aparecen los Adelantados, funcionarios que ejercen fundamentalmente como jueces territoriales, pero que también eran enviados por el rey para encargarse del gobierno de una comarca.
A finales del siglo XV aparecen el cargo de Corregidor, funcionario real que representaba la corona en el ámbito municipal.
Posteriormente, con el advenimiento de los Borbones, tienen lugar las reformas de la Administración. Entre estas se establecen las figuras del Intendente que reemplaza a la del Corregidor , para la Administración de Justicia y el    Gobierno económico.    

    Felipe V encarga a los Intendentes  la administración de los ejércitos, la Hacienda y la asignación de los gastos públicos de la provincia. En 1718 pasan a denominarse “Intendentes de Provincia y Ejército”, encomendándoles la gestión de todos los aspectos relacionados con la economía de las provincias, además de las funciones de la  Hacienda Pública y de Guerra.

   En 1749 fue promulgada la Ordenanza de Intendentes - Corregidores, por la que se establece en cada una de las provincias del Reino una intendencia a la que iba unido el corregimiento de la capital, y el cargo de los oficiales nombrados para cuestiones de justicia, policía, hacienda y guerra. Cabe señalar las atribuciones más importantes en materia de Hacienda como el control de la recaudación, vigilancia el cobro de rentas, supervisión de  arrendamientos y encabezamientos, exigiendo a los recaudadores y administradores que presenten sus cuentas ante la Real Hacienda. Tenían la obligación de control de los estancos, inspeccionar los lugares sujetos a portazgo. En virtud de las atribuciones jurisdiccionales tenían a su cargo el conocimiento de los pleitos sobre el pago de derechos y exenciones en las enajenaciones de bienes del Real Patrimonio, las causas de contrabando e imposición de censos. En tercer lugar debían cuidar la elaboración de las guías utilizadas para el comercio interior, cobrar las rentas procedentes de lanzas y medias annatas, y embargar bienes de deudores. Les correspon­día la valoración de los oficios objeto de posible enajenación, el conocimiento de las amortizaciones de iglesias y manos muertas así como velar por el cumplimiento de las reales órdenes, cédulas y demás despachos expedidos para el ejercicio de las funciones de los diferentes oficiales (Rita García Lozano, Archivo Secreto número 2).

El Siglo XIX

Durante el siglo XIX se producen muchos cambios. La Constitución de 1812 establece la división de poderes, y crea los Jefes Superiores de las Provincias en su Título VI, Capítulo II "De Gobierno político de las Provincias y de las Diputaciones Provinciales" nos dice:
Art. 324. El Gobierno Político de las provincias recibirá en el Jefe Superior, nombrado por el rey en cada una de ellas.
Art. 325. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad presidida por el jefe superior.
Posteriormente el decreto 249 de 23 de junio de 1813 aprueba la Instrucción para el gobierno económico de las Provincias en el que se define sus órganos esenciales: jefe político, Diputaciones, Ayuntamientos, así como sus respectivas competencias. En realidad la Diputación viene a ser el órgano consultivo del jefe político, quien,  junto a las Cortes, ejerce su control sobre ella.
En 1814 el cargo de jefe político fue derogado por Fernando VII y reestablecido durante el Trienio Liberal de 1820 a 1823.
La Ley de 3 de febrero de 1823 para el gobierno económico-político de las provincias, define al Jefe Político como órgano gubernativo y ejecutivo, frente a la Diputación, como órgano de carácter representativo y deliberante.
En 1833, por el Real Decreto 23 de octubre, al practicarse la división provincial, reciben el nombre de Subdelegados de Fomento, dependiendo del Ministerio del mismo nombre. Sus competencias son amplias: agricultura, industria y comercio, beneficencia, ayuntamientos.......
La Ley Provincial de 1870 intenta reivindicar una cierta descentralización de la administración estatal: las Diputaciones consiguen bastante autonomía frente a la figura del Gobernador, aunque este siempre ejercerá un cierto control sobre aquellas.
La Ley Provincial de 29 de agosto de 1882 los denomina indistintamente Gobernadores o Gobernadores de Provincia.
Como análisis de la evolución histórica de las Diputaciones y la figura del Gobernador podemos decir que, a los largo del siglo XIX, fue variando según quien ostentara el poder en cada momento. Así, cuando el gobierno estuvo en manos de grupos políticos más progresistas, hubo una tendencia a la descentralización administrativa, es decir las Diputaciones, aunque estaban sometidas al control del jefe político o gobernador, ven aumentadas sus competencias y posibilidades de actuación. Vemos ejemplos de lo anterior en la Instrucción de 1823 y en la Ley Provincial de 1870.
Sin embargo cuando el poder fue ostentado por los grupo moderados, la tendencia fue de centralización administrativa, de manera que las Diputaciones se configuran como cuerpos consultivos de jefe político. Ejemplo de ello la Ley de 8 de enero de 1845.
También hubo periodos de tiempo en los que hubo intentos de conciliación entre las dos tendencias.

Siglo XX

Durante el siglo XX podemos destacar el Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925 en el que se da el cargo la denominación de Gobernador Civil, abreviadamente Gobernador. Una de las características de dicho estatuto es la de conceder a la diputación cierta autonomía con respecto al Gobierno y a los delegados de este en la Provincia, los Gobernadores Civiles.
Esta situación variará con el paso del tiempo. Existe muchas regulación sobre este tema, pero destacaremos:
El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones locales aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952, donde se define al Gobernador como " Primera Autoridad en la Provincia como representante del Gobierno y Delegado permanente del Poder  Central, y le corresponde los honores y facultades inherentes a este carácter representativo" y considerará a la Diputación como "Órgano representativo de la Provincia, a la que personifica como Corporación de Derecho Público, gesto de los intereses económicos-administrativos de su competencia, con jurisdicción sobre la totalidad del territorio provincial..... Entre las atribuciones de la Diputación se señala la de "Asesorar al Gobernador Civil en asuntos provinciales".
Mediante Decreto 10 de octubre de 1958 se regula las atribuciones y deberes del Gobernador Civil como representante del Gobierno y de la Administración Central. Es el delegado permanente del Gobierno en la Provincia y la primera autoridad de la misma. Se refuerza el papel del Gobernador Civil.
Al establecerse el Estado de las Autonomías, mediante Real Decreto 2238/1980 de 10 de octubre se crea la figura del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del Bases de Régimen Local establece la delimitación básica de la Autonomía Local, mediante el señalamiento de unos ámbitos materiales en los que las Entidades Locales han de ejercer competencias, sin determinar en que grado, cuestión que correspondería concretar al legislador sectorial, estatal y autonómico correspondiente.
En la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado se define en su artículo 29, a los Subdelegados del Gobierno: "En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad autónoma existirá un Subdelegado del Gobierno..." La Ley establece un nuevo modelo de organización periférica de la Administración General del Estado. Entre las notas características de este nuevo modelo se pueden destacar la potenciación de los Delegados del Gobierno, la integración de servicios periféricos bajo la responsabilidad de aquellos, la desaparición de los Gobernadores Civiles y la creación de los Subdelegados de Gobierno en las Provincias.
La ley concibe a los Subdelegados con un carácter netamente funcionarial, subordinados a la autoridad y dirección de los Delegados de Gobierno, a quienes corresponde su nombramiento entre funcionarios de carrera. En suma, los Subdelegados del Gobierno en las provincias se constituyen en colaboradores del Delegado del Gobierno con el fin de que estos puedan ejercer las competencias relativas a los servicios de la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma que la Ley les atribuye.
Posteriormente el R.D. 617/1997 de 25 de abril, desarrolla los aspectos básicos contenidos en la ley y regula el estatuto de esta figura, haciendo posible su nombramiento en el plazo previsto en la misma y la desaparición simultánea de Gobernadores Civiles y Delegados insulares del Gobierno. A los Subdelegados del Gobierno le corresponde:

  1. Dirigir en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno.

  2. Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.

  3. Desempeñar en los términos del apartado 2 del artículo 22, las funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones Locales y en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.

  4. Mantener por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, relaciones de comunicación, cooperación y colaboración con los órganos territoriales de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma que tenga su sede en el territorio provincial.

  5. Ejercer las competencias sancionadoras que se le atribuyan normativamente.

Gobernadores Civiles de la Provincia