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            En sus primeros años la Diputación no poseía un edificio propio. Su constitución se produce en la Iglesia del Suprimido Convento de San Agustín, y sus primeras reuniones tienen lugar en las viejas salas del Ayuntamiento, aunque pronto ocupan la casa nº 42 de la calle Mayor. A finales de 1837, ante la amenaza carlista, la Corporación se traslada a Chinchilla, buscando una mayor seguridad, suponemos que durante todo este tiempo la documentación sufriría los mismos traslados que la propia Diputación.

            En 1880 se inaugura el Palacio Provincial, construido por el arquitecto Justo Millán. El 7 de junio de dicho año, en el Libro de Actas se acuerda  la "...traslación y colocación del archivo...".

            La Memoria del año 1928 dedica un apartado al archivo en el que se manifiesta el interés de la Corporación provincial por conservar bien organizada la documentación: "instalado en cuatro amplias habitaciones del segundo piso del Palacio Provincial, su dirección está encomendada, como la Ley ordena, a un funcionario del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios".

            Inicialmente, en el proyecto de ampliación y adaptación del edificio anexo al Palacio Provincial para Casa de Cultura, realizado en el año 1961,  se destina la planta tercera de este edificio para Archivo Provincial. Posteriormente, una vez ejecutado el proyecto, este destino se modifica instalándose el Archivo en la planta sótano del edificio diseñado por el arquitecto Baldomero Pérez Villena.

            Durante este período, la Diputación colabora activamente con  el Ministerio de Cultura, lo que se concretó, entre otras actividades, en el apoyo económico a la construcción del Museo Provincial y en la cesión, ya citada, de sus instalaciones para los servicios de Archivo Histórico Provincial, Biblioteca Pública, Servicio de Expansión Bibliotecaria y Centro Coordinador de Bibliotecas. Consecuentemente, la Diputación traspasó su patrimonio  arqueológico y  bibliográfico a estas recién creadas instituciones.

            En cuanto a su patrimonio documental, el 29 de noviembre de 1967 el Pleno acordó la entrega de la documentación histórica de su Archivo al Histórico Provincial. Dicha cesión, realizada sin criterio y de forma totalmente aleatoria,  ha producido una inútil, ilógica e incómoda dispersión y fragmentación de las series documentales y de la información , lo que en ocasiones imposibilita la acreditación de los antecedentes que se solicitan. En octubre de 2009 el Pleno de la Corporación solicitó a  la Junta de Comunidades la devolución de  su patrimonio documental, que se hizo efectiva en febrero de 2010.

            Desde año 1988, fecha en la que se traslada definitivamente el Archivo Histórico Provincial a su actual sede de la calle Padre Romano, el Archivo de la Diputación se ubica en los locales que éste ocupaba.

            Además de la "cesión" citada,  el fondo documental de la Diputación ha sufrido varios "expurgos", de los cuales, algunos se han podido constatar documentalmente; es el caso del informado tras la Guerra Civil por el Archivero-Bibliotecario al Pleno celebrado en la sesión del 20 de junio de 1939:  "[...] En el segundo informe, el Archivero-Bibliotecario manifiesta el estado lamentable en que fue encontrado al sobrevenir la liberación de esta provincia el Archivo provincial en el que faltan los fondos más importantes: han desaparecido los expedientes de Pósitos, Propios, Cuentas Municipales, Presupuestos provinciales y municipales, Suministros, Bagajes, Beneficencia Provincial, Censo Electoral, Documentos referentes a elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Provinciales y Concejales y muchos más, entre los que se encuentran los índices de dicho centro. En las estanterías que estos documentos ocupan se encuentra gran número de volúmenes procedentes de la Biblioteca Provincial que estaba instalada en el edificio de segunda enseñanza, colocados sin orden y concierto. Ha quedado al parecer, intacta la documentación de quintas que ocupa dos salas del Archivo y, en otra sala continúan las colecciones de libros oficiales, tales como gacetas, boletines, sesiones de cortes, notándose sólo una ligera falta. El funcionario autor de los informes que ha estado cesante durante la mayor parte del tiempo que ha durado la dominación roja, pide que se haga constar en acta lo que manifiesta para su descargo y tranquilidad de conciencia y promete que en aquello que él dependa y sea reparable pondrá en mayor celo en restituir los servicios que le estaban encomendados al estado de normalidad con que antes de la guerra se desenvolvían".

            Otro expurgo está documentado en la Memoria Anual de 1942 -conservada en el Archivo Histórico Provincial- donde la Corporación da cuenta de lo siguiente: "En este Departamento fue donde se acentuó más la furia destructora de los rojos, que como se sabe, aparecían obsesionados por el deseo de borrar todo vestigio tradicional: hicieron desaparecer la mayor parte de los fondos, y sólo dejaron un montón informe de papeles que la Diputación por intermediación de las Organizaciones de Falange, cumpliendo consignas recibidas, entregó al Gobierno Nacional-Sindicalista para procurarle pasta de papel que atenuase la penuria existente de ese material tan necesario".

            No obstante todo lo dicho hasta el momento, parece de interés señalar que la historia de la Diputación de Albacete respecto a su Archivo también ha pasado por situaciones muy distintas. Así, en el Reglamento del Régimen Interior del año 1836 -es decir, uno después de la instalación de esta Administración en la provincia- se observa un tímido control y de organización de la documentación.

            Mucho más concreto es el Reglamento de funcionarios y subalternos provinciales del año 1929, en el cual, en su Capítulo VIII se ocupa exhaustivamente de la organización del Archivo y de las funciones de su responsable.

            Existe un Archivo complementario del propio de la Diputación: el donado junto a sus bienes muebles e inmuebles de Dª Purificación Urrea y Pérez Ontiveros, que básicamente está constituido por los antecedentes de las propiedades legadas. El documento más antiguo es el codicilo de Antonia de Cantos Cortés, fundando un patronato pío sobre la heredad de las Tiesas, fechado el 2 de julio de 1513.

            Mención a parte merecen, por su interés para la historia de la medicina, los documentos procedentes del antiguo Hospital Provincial de San Julián, y ha sido también de gran trascendencia la remisión, por el colegio Virgen Milagrosa, del archivo de la antigua Casa de Maternidad y Expósitos, con expedientes de acogidos y registros de niños y niñas que abarcan desde 1847 hasta épocas muy recientes.